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Con un respaldo masivo en Cartagena, la senadora Martha Peralta Epieyú cerró con éxito el año 2025
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Recientemente, Colombia conmemoró 14 años de vigencia de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (1448 de 2011), instrumento legal de la justicia transicional que, en los departamentos de Cesar y La Guajira, ha dejado un importante avance de gestión por parte de la URT, entidad que gestionó la restitución de más de 42.000 hectáreas en la región.
Del total de tierra descrita, 27.000 hectáreas cuentan con orden de entrega material para familias campesinas, tras 685 fallos en ruta individual proferidos por jueces y magistrados, en beneficio de más de 3.000 personas en ambos departamentos. Además, cada uno de los beneficiarios recibe un proyecto productivo financiado con recursos de la URT y, en la mayoría de los casos, la priorización de un subsidio de vivienda rural a ejecutarse por parte del ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Asimismo, el balance de gestión de la territorial Cesar - La Guajira muestra que, en el Gobierno del Cambio, el porcentaje de inscripción de procesos en el registro de tierras supera el 70% en etapa administrativa, dando paso a las demandas de restitución de tierras a favor de la víctimas del conflicto armado. Esta balanza, que beneficia a las familias rurales, invierte las cifras del pasado: anteriormente solo se inscribía el 30% de solicitudes, dejando un 70% de no inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
En cuanto a solicitudes recibidas, en la oficina de la URT de Valledupar se reporta la recepción de más de 1.300 en lo que va del Gobierno de Gustavo Petro, número superior a las 832 gestionadas durante los cuatro años de la administración Duque.
Precisamente, otro de los grandes avances generados por la URT Cesar-La Guajira se da en la etapa administrativa, con la inscripción de más de 14.000 hectáreas al RTDAF. Asimismo, en cuanto a la gestión en etapa judicial durante el Gobierno del Cambio, se destacan más de 300 demandas radicadas ante los juzgados de restitución de tierras, que pretenden devolver cerca de 10.000 hectáreas a familias reclamantes, tanto en Cesar como en La Guajira.
