El sector educativo de Riohacha se encuentra paralizado por un cese de actividades indefinido que ya cumple 15 días, iniciado el pasado 24 de abril. Docentes, directivos y administrativos protestan por una serie de incumplimientos graves por parte del gobierno local que afectan directamente la calidad de la educación en el distrito.
Entre las principales problemáticas que motivan la movilización se encuentran la falta de inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), programado para febrero, la ausencia de transporte escolar para estudiantes de zonas rurales, la demora en el nombramiento en propiedad de docentes bajo el régimen 1278 que cumplieron su periodo de prueba en diciembre de 2024, la carencia de personal de aseo y celaduría en las instituciones educativas, y la falta de nombramiento de docentes desde la lista de elegibles, situación que persiste desde principios de 2024 y ha provocado la falta de maestros en aulas.
Los educadores han mantenido el paro con diversas actividades, incluyendo marchas, plantones, velatones, marchas de faroles y asambleas con padres de familia, sin obtener hasta el momento una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales, quienes argumentan falta de presupuesto.
Ante el silencio del gobierno municipal, una comisión viajó a Bogotá el lunes 5 de mayo para reunirse con el Ministro de Educación. El Ministro confirmó que el presupuesto para Riohacha fue enviado desde noviembre de 2024, responsabilizando al distrito por la falta de soluciones.
La situación se ha visto agravada por la detención de Irina Sarmiento, fiscal de Asodegua, quien iba a formar parte de la comisión a Bogotá. Sarmiento fue detenida tras el hallazgo de un arma en su bolso, de la cual niega tener conocimiento, generando preocupación sobre posibles intentos de sabotear la movilización.
La comunidad educativa de Riohacha se pregunta con preocupación sobre el futuro de la educación de los niños y niñas del distrito y exige una respuesta urgente y efectiva por parte del gobierno municipal para resolver la crisis. El silencio y la inacción de las autoridades locales han generado indignación y preocupación entre los educadores y padres de familia.