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Segunda vuelta presidencial será vigilada por 8.579 testigos electorales en el exterior
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En el foro nacional organizado por la Contraloría General de la República sobre los avances y desafíos de la Ley 142 de 1994, la Gobernación de La Guajira, a través de la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira – ESEPGUA S.A. E.S.P., destacó la necesidad de revisar y adecuar el marco legal de los servicios públicos para garantizar la prestación efectiva en territorios rurales dispersos y con población indígena, como la Alta Guajira.
El panel, contó con la participación de altas autoridades nacionales:
* Elmer Felipe Durán Carrón, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
* Eduardo Verano de la Rosa, Gobernador del Atlántico
En representación del Gobierno Departamental, fue invitada la ingeniera Andreina García Pinto, gerente de ESEPGUA, quien expuso los avances realizados por la administración departamental en materia de acceso al agua potable en comunidades rurales e indígenas, destacando la implementación de soluciones con enfoque diferencial.
“La Ley 142 fue una norma estratégica para Colombia, pero en territorios como La Guajira, donde la población es dispersa, no existen domicilios formales en gran parte del territorio y las soluciones son comunitarias, su aplicación no garantiza la universalidad del servicio”, señaló la gerente de ESEPGUA.
García enfatizó que, bajo el liderazgo del gobernador Jairo Aguilar Deluque, la Gobernación de La Guajira ha avanzado en proyectos que llevan agua potable a las zonas más apartadas del departamento, especialmente en la Alta Guajira, pero subrayó la necesidad de respaldo legal y financiero adecuado.
“Se requiere una ley que incorpore las realidades de territorios étnicos y rurales dispersos, y que garantice la sostenibilidad de los sistemas. Los municipios, según la norma actual, son responsables de la operación, pero no cuentan con la capacidad financiera para sostener estos modelos diferenciales”.
La gerente reiteró que el Gobierno Departamental continuará gestionando y articulando esfuerzos nacionales junto a congresistas guajiros para garantizar el derecho al agua en La Guajira, promoviendo soluciones técnicas sostenibles y culturalmente pertinentes, así como la inclusión de esquemas alternativos en el marco regulatorio nacional.
