Tribunal Superior de Riohacha abre incidente de desacato en contra del Ministerio del Interior, ANLA Y la empresa Cerrejon

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, Sala Civil–Familia–Laboral, ordenó la apertura formal de un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la Sentencia T-704 de 2016 de la Corte Constitucional, relacionada con el derecho fundamental a la consulta previa de comunidades indígenas afectadas por el proyecto minero de Carbones del Cerrejón Limited. La decisión se adoptó mediante auto del 30 de enero de 2026, dentro del proceso promovido por José Silva Duarte, presidente del Movimiento Indígena Nación Wayuu, en representación de 23 comunidades indígenas del departamento de La Guajira.

El incidente de desacato se abrió en contra de altos funcionarios del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Carbones del Cerrejón Limited, tras analizar los informes presentados por estas entidades sobre el estado de cumplimiento del fallo constitucional. Según el Tribunal, las inconformidades planteadas por las comunidades accionantes solo pueden resolverse a través del trámite incidental, conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

La Sentencia T-704 de 2016 ordenó, entre otras medidas, la realización de procesos de consulta previa con las comunidades étnicas afectadas, la revisión integral del Plan de Manejo Ambiental del proyecto El Cerrejón y la adopción de medidas de mitigación y compensación frente a los impactos ambientales y en la salud. Aunque las entidades accionadas reportaron avances parciales y señalaron dificultades relacionadas con conflictos internos de las comunidades y trámites administrativos en curso, el Tribunal consideró necesario abrir formalmente el incidente para verificar de manera rigurosa el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales.

Con esta decisión, el Tribunal notificó a las partes involucradas y les otorgó un término de tres días para ejercer su derecho de defensa y aportar las pruebas que consideren pertinentes. Asimismo, reiteró la obligación de dar cumplimiento eficaz al fallo de tutela emitido por la Corte Constitucional, en un proceso que resulta clave para la garantía de los derechos de las comunidades indígenas wayuu y la protección del ambiente en el territorio.