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Mientras los de siempre suman políticos, Abelardo De La Espriella suma a su campaña 5.000 profesionales de la salud
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El presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia este miércoles sobre el futuro de miles de trabajadores colombianos que buscan cambiar de fondo de pensiones. Según el mandatario, el derecho a la libre movilidad entre regímenes está siendo vulnerado debido a la parálisis administrativa generada por la suspensión del Decreto 415.
El jefe de Estado enfatizó que el artículo 76 de la Ley de Reforma Pensional no es una sugerencia, sino un mandato legal aprobado por el Congreso en dos ocasiones. Este artículo establece una "ventana de oportunidad" que permite a los ciudadanos trasladarse de fondo pensional, incluso si les faltan menos de diez años para jubilarse, siempre que cumplan con el requisito de semanas cotizadas (750 para mujeres y 900 para hombres).
"Es un derecho de los trabajadores colombianos trasladarse libremente de fondo pensional hasta el 16 de julio de 2026", afirmó el presidente, subrayando que este plazo es perentorio.
La denuncia del presidente surge a raíz de la suspensión judicial del Decreto 415, el cual servía como la hoja de ruta operativa para que los fondos de pensiones tramitaran estos traslados de forma masiva y ágil.
Sin esta reglamentación, el proceso ha entrado en un limbo administrativo:
Frenos operativos: Los fondos privados y Colpensiones enfrentan vacíos sobre cómo proceder con la transferencia de recursos y datos.
Dilación de trámites: El Gobierno sostiene que la suspensión del decreto está siendo utilizada como una barrera de facto que impide a los ciudadanos ejercer su derecho antes de que expire el plazo en 2026.
¿Qué está en juego para los trabajadores?
Para aquellos colombianos que están en el régimen de transición, el tiempo es el factor más crítico. Si el conflicto jurídico sobre la reglamentación persiste, miles de personas podrían quedar atrapadas en fondos que no les resultan beneficiosos, perdiendo la oportunidad de mejorar su mesada pensional bajo las nuevas reglas de juego.
El Ejecutivo ha hecho un llamado a las autoridades judiciales y a las entidades del sector para que se garantice la vigencia de la ley por encima de los obstáculos reglamentarios, asegurando que la voluntad del legislador debe prevalecer para proteger el ahorro de los trabajadores.