El gobernador de La Guajira cuestiona las medidas fiscales plan

En el marco de su reintegro a sus funciones  constitucionales, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, fijó la posición del  Gobierno Departamental frente al Decreto de Emergencia Económica expedido por el 
Gobierno Nacional, manifestando su desacuerdo con las medidas fiscales planteadas en su  desarrollo, al considerar que estas afectan la autonomía territorial y trasladan al nivel central  competencias y recursos que constitucionalmente corresponden a los departamentos.
El pronunciamiento se da frente a disposiciones contenidas en el Decreto 1474 de 2025 y normas relacionadas, mediante las cuales se modifican estructuras tributarias asociadas a 
impuestos al consumo que históricamente han sido rentas propias de los departamentos, como  las generadas por licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado, recursos  fundamentales para la financiación de sectores como salud, educación, deporte y atención a  poblaciones vulnerables, incluidas las comunidades indígenas de La Guajira.
De acuerdo con la administración departamental, la centralización de estos recaudos o su  modificación mediante incrementos tarifarios de alcance nacional —como el aumento del  IVA del 5 % al 19 % en bebidas alcohólicas de alto grado o el ajuste de gravámenes al  consumo— tendría impactos fiscales negativos para los territorios. Estas medidas reducirían 
los ingresos propios de los departamentos, incrementarían los precios al consumidor final, desincentivarían el consumo formal y aumentarían riesgos como el contrabando, afectando 
la sostenibilidad financiera de regiones con altas brechas sociales.
Ante lo cual, la Gobernación de La Guajira advierte que el decreto de emergencia podría  exceder los límites previstos en el artículo 215 de la Constitución Política, al no cumplir de manera estricta con los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad que rigen  los estados de excepción, e invadir competencias exclusivas de las entidades territoriales sin una justificación constitucional suficiente. La urgencia fiscal del orden nacional, señala la administración, no puede servir de fundamento para alterar el diseño del sistema tributario descentralizado.
En este contexto, y en estricto respeto por el Estado de Derecho y la separación de poderes, la administración solicita de manera respetuosa a la Corte Constitucional un pronunciamiento oportuno y prioritario sobre la constitucionalidad del decreto que declaró la emergencia  económica (Decreto 1390 de 2025), así como de las medidas fiscales planteadas en su  desarrollo, incluido el Decreto 1474 de 2025