La educación superior como justicia territorial en La Guajira

El gobierno de Gustavo Petro Urrego se ha propuesto avanzar en la reforma universitaria progresista en Colombia, soportada en el derecho que se tiene a la educación. Este artículo da cuenta de los efectos de estas políticas públicas en la Universidad de La Guajira, en tanto que se han llevado a cabo la gratuidad universitaria, la inversión en infraestructura y la apertura del programa académico en Medicina en la sede de Riohacha. 

La defensa de la estrategia del gobierno toma en cuenta la conjunción entre la ampliación de la cobertura y la pertinencia social, lo que constituye, bajo la condición del departamento, un acto de justicia territorial, pues siempre lo ha sido en un departamento históricamente beneficiado por la cultura patrimonial capitalista neoliberal. 

No obstante, se dan cuenta de algunos de los grandes retos en lo que respecta a la ejecución de metas, al financiamiento del ICETEX y a la sostenibilidad de las inversiones. En conclusión, la política educativa del actual gobierno deja ver avances en la educación universitaria, especialmente en territorios periféricos, pero se necesita sostener los ajustes estructurales para que se vuelva una suerte de política pública a largo plazo.

En su gestión de gobierno (2022-2026), Gustavo Petro Urrego ha concebido la educación superior como un pilar estratégico destinado a la provisión de una educación transformadora y equitativa. Una concepción que se apoya en la gratuidad, en la expansión de la cobertura y en la inversión histórica en infraestructura educativa, claramente diferenciada de modelos anteriores de financiación individualizada y de endeudamiento de los estudiantes. 

En regiones como La Guajira, caracterizadas por rezagos en algunos de sus indicadores sociales y educativos, el impacto de esta política cobra una importancia central. La institución pública de referencia del departamento, la Universidad de La Guajira, se ha visto favorecida por estos programas; en especial, la creación del programa de Medicina en la sede de Riohacha parece ser la apuesta más notoria del actual gobierno.

La gratuidad universitaria es un derecho social

La política de gratuidad, recogida en la Ley 2307 de 2023, se suma a uno de los hitos políticos más sobresalientes de este gobierno. En virtud de este mecanismo, 870.000 estudiantes de 64 instituciones públicas accedieron a matrícula gratuita, sin limitarse por edad, nacionalidad o estrato, alcanzando así un 96 % de la matrícula oficial. La gratuidad universitaria no es solo un gesto simbólico, sino que es una verdadera redistribución de oportunidades, lo que es particularmente importante para comunidades como la de La Guajira, donde el precio de la matrícula hace la diferencia entre la inclusión y la exclusión educativa.

Inversión histórica y fortalecimiento institucional

La financiación también ha aumentado significativamente. El presupuesto para educación pública superior comenzó con 6 billones en 2022 y posee un presupuesto inicial de 9,8 billones en 2025, lo que significa un aumento del orden del 64 %. También en la estrategia “Universidad en tu territorio" se estableció un presupuesto de 2,5 billones de pesos para ampliar la cobertura y 5 billones para infraestructura, lo que contribuyó al fortalecimiento de la Universidad de La Guajira en la implementación de nuevas construcciones, los bloques IX y X de la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente. Este es el punto subyacente para poder garantizar las condiciones materiales del nuevo programa de Medicina, en su sede de Riohacha.

Impactos concretos del programa en La Guajira

Así, en el mes de agosto de 2025, gracias a un convenio intercultural entre la Universidad de La Guajira, INFOTEP y la Universidad del Magdalena, más de 1.700 jóvenes guajiros iniciaron estudios superiores dentro del programa “Educación superior en tu colegio” y se han puesto en marcha aulas digitales interactivas mediante equipos y convenios con el Programa de Estudios Hispanoamericanos de la Academia para la Paz, lo cual evidencia el esfuerzo por democratizar el acceso al conocimiento. 

La aprobación del registro calificado del programa de Medicina en la Universidad de La Guajira, en su sede de Riohacha, es otro de los hitos del desarrollo de esta política. Y la pertinencia del programa es indiscutible: el departamento tiene las tasas de desnutrición y mortalidad infantil más elevadas de Colombia y el acceso a servicios de salud es muy deficiente. Formar médicos en el territorio no solo supone ampliar la cobertura educativa, sino que hace la intersección directa de la universidad con las necesidades básicas de las personas.

Retos pendientes de cumplimiento

Sin embargo, las metas se llevan a cabo con importantes rezagos. A mediados del año 2025, el gobierno logró cumplir con solo entre un 12 % y un 25 % de los 500.000 nuevos cupos que reunificaban en cumplimiento de las metas. La muy lenta construcción de sedes universitarias, así como la falta de claridad de sus indicadores de cobertura y cuenta de las dificultades operativas que persisten.

Considerando que la política educativa del gobierno de Gustavo Petro Urrego se inscribe en un horizonte progresista de consolidar la educación como derecho fundamental, los avances en La Guajira son evidentes: gratuidad, infraestructura y apertura del programa de Medicina en Riohacha como expresión de pertinencia social y justicia territorial.

Sin embargo, la distancia entre las metas y los logros obtenidos deja entrever la necesidad de ajustes en la estructura. Acelerar obras, fortalecer el ICETEX como un mecanismo compensatorio y garantizar la sostenibilidad pedagógica e institucional de los nuevos programas son retos que no se pueden eludir. En definitiva, el proyecto de Petro constituye un avance histórico en función de la educación superior en territorios periféricos como La Guajira; sin embargo, su consolidación dependerá de la capacidad del gobierno y las universidades para convertir promesas en realidades.